LA TINTA DE LA MEMORIA

Con la llegada de julio, el Gobierno Civil solía emitir una circular en la que se daban instrucciones para evitar la aparición de incendios. Siguiendo estas indicaciones, el Pleno del 11 de julio de 1887, con Manuel Mora Herrera como Alcalde, aprobó dividir el pueblo en cinco sectores. El primero iba «desde el camino de Marchalomar a la división de término al camino Real». El segundo, se extendía «desde el camino de Mogaba a la carretera de Sevilla a Huelva división de término y camino de Villanueva». Los límites del tercero iban «desde el camino de Villanueva a la división del término y camino del Pozo Dulce y el Cristiano al pueblo». El cuarto sector se estableció «desde el término de Valencina al de Castilleja y carretera de Sevilla a Huelva al pueblo», mientras que el quinto iba «desde la carretera al camino de Marchalomar al término de Bormujos y Castilleja».

Esta división tenía como objetivo la rápida organización de las labores de extinción, especialmente en momentos de gran confusión como son los que siguen al comienzo de un fuego de importancia. La voz de alarma inicial generalmente la daban los «guardas del término», unos empleados públicos a los que se les encomendaba una «esmerada vigilancia dando cuenta inmediatamente de cualquier caso que ocurra». 

A partir de ahí se ponían en marcha los mecanismos de extinción, que pasaban por una esmerada coordinación de los efectivos disponibles, que en realidad era todo aquel que pudiese ayudar a apagar las llamas. En dicha coordinación jugaba un papel crucial un elemento que desde siglos atrás venía siendo imprescindible en la vida del pueblo: la torre de la Parroquia, que en caso de fuego cambiaba su llamada a la oración por una petición de auxilio. 

Así, a cada uno de los sectores apuntados se le adjudicaba un número del uno al cinco, informándose al vecindario el lugar donde se estaba produciendo el incendio al hacerse sonar el correspondiente número de campanadas tras el «toque general». De este modo, la torre no sólo avisaba de la existencia de un fuego, sino que informaba de la zona donde se estaba produciendo para que el mayor número de personas pudiese colaborar en la extinción, para lo que las autoridades municipales entregaban diversas herramientas. 

Para ello era fundamental, lógicamente, que los vecinos conociesen la distribución de las zonas en las que se dividía el pueblo, por lo que se fijaban «edictos en los sitios de costumbre de la población», informándose además sobre la prohibición de la quema de rastrojos, encender fuegos en los campos y los montes, y las operaciones de carboneo y cisqueo hasta el 15 de septiembre de cada año.